Vista aérea de una cantera a cielo abierto con terrazas excavadas en la roca

Extractivismo en Guatemala y Colombia: consultas, minería y defensores

El extractivismo en Guatemala y Colombia, basado en la minería, los hidrocarburos y las grandes represas, ha generado conflictos con comunidades que reclaman ser consultadas. Casos como la mina Escobal o la consulta de Cajamarca muestran cómo se disputan el subsuelo y el territorio. Según Global Witness, ambos países fueron en 2024 los más letales para defensores ambientales.

¿Qué es el extractivismo y por qué genera conflictos?

Se llama extractivismo al modelo económico que depende de sacar grandes volúmenes de recursos naturales, como minerales, petróleo, gas o agua para hidroeléctricas, en su mayoría para exportarlos con poco procesamiento. Sus defensores destacan la inversión extranjera, el empleo y las regalías. Sus críticos señalan los impactos sobre el agua, la tierra y las formas de vida locales.

En el extractivismo en Guatemala y Colombia, el choque suele girar en torno a quién decide. En ambos países, el Estado es dueño del subsuelo y otorga licencias y contratos. Al mismo tiempo, ambos países aplican el Convenio 169 de la OIT, que obliga a consultar a los pueblos indígenas antes de medidas que los afecten, y Colombia reconoce además la consulta popular en su Constitución de 1991. De esa tensión nacen las consultas comunitarias, los litigios y, en los casos más graves, la violencia.

¿Cuántos defensores ambientales son asesinados en Guatemala y Colombia?

En 2024, Colombia registró 48 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el ambiente y Guatemala 20, los dos primeros lugares del mundo. Son datos del informe Raíces de resistencia de Global Witness, publicado en septiembre de 2025.

  • En todo el mundo hubo al menos 146 personas defensoras asesinadas o desaparecidas en 2024, y 2.253 entre 2012 y 2024.
  • América Latina concentró 117 asesinatos, el 82 % de los registrados.
  • Colombia encabezó la lista por tercer año consecutivo.
  • Guatemala pasó de 4 casos en 2023 a 20 en 2024.
  • La minería y las industrias extractivas fueron el sector vinculado a más casos, con 29.
  • Casi un tercio de las víctimas eran indígenas, aunque estos pueblos son cerca del 6 % de la población mundial.

¿Qué ocurrió con la mina Escobal en Guatemala?

La mina de plata Escobal, en San Rafael Las Flores (Santa Rosa), está paralizada desde 2017 a la espera de una consulta con el pueblo xinka. Según su actual dueña, Pan American Silver, la mina produjo unos 20 millones de onzas de plata al año entre 2014 y 2017. La empresa la compró a Tahoe Resources en febrero de 2019.

La suspensión empezó en junio de 2017, primero por bloqueos comunitarios y alrededor de un mes después por orden judicial, en un proceso por discriminación y falta de consulta al pueblo xinka, según relató Earthworks. En 2018, la Corte de Constitucionalidad mantuvo suspendida la licencia hasta que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) completara una consulta conforme al Convenio 169.

El proceso ha sido largo y disputado. Pan American indica que la fase de preconsulta terminó en julio de 2022, que la consulta propiamente dicha sigue en curso bajo conducción del MEM y que la empresa la respeta y participa «de buena fe». En mayo de 2025, el Parlamento del Pueblo Xinka entregó al Gobierno sus propios resultados, en los que las comunidades de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa dijeron no a la mina, según la organización NISGUA. La empresa, por su parte, sigue describiendo la consulta como un proceso en curso.

Escobal no es el único caso. En la mina de oro El Tambor, conocida por la resistencia de La Puya al norte de la capital, la Corte Suprema ordenó detener el proyecto en 2016 por falta de consulta previa. La estadounidense Kappes, Cassiday & Associates demandó entonces a Guatemala ante el CIADI, a finales de 2018, invocando el tratado de libre comercio CAFTA-DR. Otro conflicto de esa época, el de la hidroeléctrica Santa Rita en Alta Verapaz, se explica en nuestra nota sobre las radios comunitarias en Guatemala.

¿Qué son las consultas populares mineras en Colombia?

En Colombia, varios municipios usaron la consulta popular, un mecanismo de participación de la Constitución de 1991, para votar si aceptaban minería o petróleo en su territorio. El caso más citado es Cajamarca (Tolima), donde el 26 de marzo de 2017 votaron 6.165 personas contra la minería, el 97,9 % de los votos, frente al proyecto de oro a cielo abierto La Colosa, de AngloGold Ashanti, según El Espectador.

El resultado no cerró el conflicto. En 2019, las organizaciones que promovieron la consulta pidieron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca anular tres contratos mineros vigentes entre la Agencia Nacional de Minería y la compañía, firmados antes de la votación.

El giro llegó con la sentencia SU-095 de 2018 de la Corte Constitucional, del 11 de octubre de 2018. Al resolver una tutela de Mansarovar Energy sobre una consulta petrolera en Cumaral (Meta), la Corte sostuvo que un municipio no puede decidir de forma unilateral sobre la explotación del subsuelo, porque los recursos no renovables pertenecen al Estado. También exhortó al Congreso a crear mecanismos de participación ciudadana y de coordinación entre la Nación y los territorios. En la práctica, el fallo cerró la vía de las consultas populares para vetar proyectos extractivos.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú y qué han hecho ambos países?

El Acuerdo de Escazú es un tratado regional de América Latina y el Caribe. Garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, e incluye un artículo específico, el 9, sobre la protección de personas defensoras. Fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú (Costa Rica) y entró en vigor el 22 de abril de 2021.

Colombia y Guatemala tomaron caminos opuestos, según el registro de la Colección de Tratados de la ONU. Colombia lo firmó el 11 de diciembre de 2019 y depositó su ratificación el 25 de septiembre de 2024. Guatemala lo firmó el 27 de septiembre de 2018, pero el 20 de diciembre de 2022 informó al secretario general que no tiene intención de ser parte, por lo que su firma no le genera obligaciones.

Tema Guatemala Colombia
Caso emblemático Mina Escobal (plata), suspendida desde 2017 La Colosa (oro), rechazada en consulta en 2017
Mecanismo de participación Consulta del Convenio 169 conducida por el MEM, ordenada por la Corte de Constitucionalidad Consultas populares municipales, limitadas por la sentencia SU-095 de 2018
Acuerdo de Escazú Firmado en 2018; en 2022 anunció que no será parte Ratificado en 2024
Defensores asesinados en 2024 (Global Witness) 20 48

¿Qué argumentan el Estado y las empresas?

Los gobiernos y las compañías sostienen que los recursos del subsuelo son de toda la nación y que las decisiones sobre su uso no pueden quedar en manos de un solo municipio. Esa fue la base de la sentencia SU-095. Las empresas, además, defienden los contratos y licencias obtenidos de forma legal: Pan American Silver afirma que respeta el proceso de consulta en Escobal, y Kappes, Cassiday & Associates llevó su caso a un arbitraje internacional al considerar vulnerados sus derechos como inversionista.

Las comunidades y organizaciones de derechos humanos responden que la consulta previa es un derecho reconocido y que los proyectos se aprueban antes de escuchar a quienes viven en el territorio. Entre ambos extremos, los tribunales han terminado fijando las reglas caso por caso. Más información sobre estos temas en Medio ambiente.

Preguntas frecuentes

¿Quién es el dueño de la mina Escobal y cuándo podría reabrir?

La mina pertenece a la canadiense Pan American Silver, que la compró a Tahoe Resources en febrero de 2019. Está en cuidado y mantenimiento desde la suspensión de 2017. No hay fecha de reapertura: la licencia depende de que el Ministerio de Energía y Minas complete la consulta con el pueblo xinka ordenada por la Corte de Constitucionalidad.

¿Siguen existiendo las consultas populares mineras en Colombia?

La consulta popular sigue en la Constitución, pero desde la sentencia SU-095 de 2018 la Corte Constitucional considera que no sirve para prohibir la minería o los hidrocarburos en un municipio, porque el subsuelo es del Estado. La Corte pidió al Congreso crear otros mecanismos de participación y coordinación entre la Nación y los territorios.

¿Por qué Guatemala no ratificó el Acuerdo de Escazú?

Guatemala firmó el acuerdo el 27 de septiembre de 2018, pero no lo ratificó. El 20 de diciembre de 2022 el Gobierno comunicó a la ONU que no tenía intención de ser parte, de modo que su firma no le genera obligaciones jurídicas. La notificación oficial no detalla los motivos de esa decisión.

¿Qué país es el más peligroso para los defensores ambientales?

Según Global Witness, Colombia fue en 2024 el país con más asesinatos de personas defensoras de la tierra y el ambiente, con 48, por tercer año seguido. Guatemala quedó segunda, con 20. América Latina reunió 117 de los asesinatos registrados en el mundo.

Fuentes

Actualizado el 19 de octubre de 2026.

Imagen de portada. Foto: Ivan Bandura en Unsplash